La última, la Universidad Internacional de Empresa

Este viernes 3 de julio finalizaba el plazo para la presentación de alegaciones al Anteproyecto de Ley de reconocimiento de la Universidad Internacional de Empresa. Se trata de la cuarta universidad privada que propone el gobierno regional en poco más de un año, y no por necesidades educativas de la ciudadanía sino atendiendo al único beneficio de promotores privados. En este caso, los de la promotora “OntreoPLUS”, perteneciente al grupo Planeta Agostini.

No es solo CCOO quien se opone a esta nueva e innecesaria universidad privada. Sobre el proyecto de la misma pesan los informes desfavorables tanto del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, donde están representados los grupos políticos y los rectores, como de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, que, entre otros cometidos, supervisa la calidad de la educación superior. El proyecto de la Universidad Internacional de Empresa presenta importantes deficiencias que afectan a la accesibilidad de los edificios, a las ratios de alumnado, al porcentaje de Personal Docente Investigador (PDI) y al hecho de que el listado de profesores no incluye personal docente externo, entre otras.

A este respecto, la Comunidad de Madrid ha argumentado que “los promotores han presentado el compromiso sobre el cumplimento del PDI al inicio de la actividad y en los cursos siguientes”, lo que en resumen significa que les da exactamente igual tanto la valoración negativa de los organismo públicos especializados como los intereses de la ciudadanía y que van a seguir con su intención de llevar el anteproyecto al Consejo de Gobierno para su posterior aprobación en la Asamblea. Es una muestra más, denuncia CCOO, de una gestión que daña negligente e interesadamente los cimientos del sistema público, en este caso el de la educación universitaria.

CCOO advierte que esta nueva universidad privada no atiende a ninguna necesidad estratégica del mapa de titulaciones de la Comunidad de Madrid. Todo lo contrario. Implementaría titulaciones de grado y máster que en muchos casos ya existen en las universidades públicas y privadas y cuya demanda se encuentra atendida en estos momentos. Los argumentos a favor del gobierno de Ayuso de “incrementar la competitividad” y “potenciar el sistema madrileño de educación superior” no se sostienen, ya que repetir una oferta formativa ya existente lo único que mejora es el bolsillo de los promotores y al gobierno regional, que justifica así la infradotación de recursos al que somete año tras año a las universidades públicas.

Otro hándicap es que supone una competencia directa con las titulaciones ofertadas por las universidades públicas, a las que se supone debe defender el gobierno autonómico.

Respecto al impacto en el gasto público, aunque no se destinan partidas presupuestarias de forma directa, sí tendría un efecto negativo en el presupuesto de la Rey Juan Carlos (URJC), al que está adscrito el centro que se va a desgajar para convertirse en la nueva universidad privada, con una pérdida de recursos que la propia URJC ha cifrado entre millón y medio y dos millones de euros.

Madrid es la comunidad autónoma española con más universidades privadas, caracterizadas además por tener un fuerte componente confesional. Son ya 11 las universidades privadas -seis de orientación católica y cinco laicas-, prácticamente el doble que las públicas, que suman seis. Desde 1996 se ha creado seis universidades privadas y tan solo una pública, la URJC.

CCOO reclama

• La paralización tanto del proyecto para la creación de la Universidad Internacional de Empresa como de cualquier otro proyecto futuro que no cuente con el visto bueno del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid.

• La racionalización del mapa de titulaciones para evitar la oferta innecesaria y que se otorgue preferencia a las titulaciones de las universidades públicasLa integración progresiva de los centros adscritos en las facultades y escuelas de las universidades públicas.

• Y que se acabe con las fórmulas de patrocinio para favorecer negocios privados al amparo del prestigio de la institución pública.