VOX votó en contra de crear un centro de crisis para víctimas de violencia de género y sexual

Siendo la noticia que está marcando la precampaña electoral, era obvio que la situación en Cataluña se iba a colar en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Y así fue. Toda la primera parte de la sesión, dedicada a las preguntas de control al Gobierno, estuvo impregnada por lo que se está viviendo en el norte de España tras la sentencia del proces.

En esta primera parte de la sesión también destacó la petición de VOX de ampliar los centros para MENAs (Ayuso soltó al partido que no tiene competencias para montar un muro en Aranjuez), y el debate sobre la prórroga de los Presupuestos, algo en lo que el PSOE veía "motivos ocultos". Ayuso también afirmaba que bajará el IRPF "cuando sea posible" para responder a una pregunta de UP.

La sesión, marcada por el cumpleaños de Ayuso, y por el centenario de Metro, terminaba con otra votación polémica por parte de VOX, que se convertía en el único partido que no apoyaba la creación de un "centro de crisis" para víctimas de violencia de género y sexual.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid realiza una inversión anual de cuatro millones de euros para la seguridad y el mantenimiento de las 23.213 viviendas con que cuenta la Agencia de Vivienda Social, y evitar en la medida de lo posible la ocupación de sus viviendas.

Así lo ha explicado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada durante el Pleno de la Asamblea de Madrid. Pérez ha insistido en que la lucha contra la ocupación ilegal ha sido uno de los primeros compromisos del Ejecutivo regional en materia de vivienda y para ello se ha creado una mesa de trabajo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

El consejero ha destacado la necesidad de seguir colaborando con el consistorio de la capital en materia de vivienda y luchar contra la ocupación ilegal en la región. “Tenemos la obligación de colaborar de manera conjunta en la búsqueda de una solución a este problema, una vez queden localizadas todas las zonas de la capital en las que hay una mayor problemática debido al fenómeno de la ocupación”, ha explicado en sede parlamentaria.

Para tratar de hacer frente a este problema, la Agencia de Vivienda Social destina 500.000 euros al año a la instalación de puertas anti-vandálicas y a tabicar puertas y ventanas de las viviendas vacías, porque o bien se encuentran en obras o en el circuito administrativo para ser adjudicadas. Igualmente la Agencia destina más de tres millones de euros para el mantenimiento de un servicio de seguridad y para la reparación de aquellas viviendas recuperadas tras haber sido ocupadas y vandalizadas. El servicio de seguridad dispone de varias patrullas de vigilantes que recorren todas las viviendas y promociones de titularidad regional que están en vigilancia (viviendas que se encuentran en obras o en el circuito administrativo para ser adjudicadas) y que deben ser inspeccionadas, al menos, una vez cada 24 horas.

Entre las novedades puestas en marcha en la presente legislatura están acuerdos de colaboración como el establecido con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, que autoriza a la Policía Municipal de esta localidad a que pueda acceder y estacionar sus vehículos de servicio en los garajes de las promociones de la Agencia de la Vivienda Social, así como a las zonas comunes, asegurando su vigilancia a cambio del estacionamiento de sus vehículos.

Una iniciativa que David Pérez ha valorado como “muy positiva, ya que evitará problemas de ocupación que resten oportunidades a muchos ciudadanos y familias que necesitan acceder a una vivienda de la Agencia de Vivienda Social”. Desde el Gobierno regional se ha ofrecido a Policía Nacional, Guardia Civil y otras policías locales extender este tipo de acuerdos y seguir colaborando con otros ayuntamientos de la región contra el fenómeno de la ocupación.

La Comunidad de Madrid está ultimando el decreto de creación del Consejo LGTBI, que pretende ser un espacio de participación ciudadana superior en materia de derechos y deberes de las personas LGTBI y un órgano consultivo de las administraciones que inciden en este ámbito. Así lo ha adelantado el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid. En su intervención, el consejero se ha comprometido además a presentar este borrador a los distintos colectivos antes de que finalice el mes de octubre.

“La creación del Consejo LGTBI será el inicio de todas las acciones que haremos como gobierno en defensa de la diversidad y la libertad”, ha afirmado Reyero en sede parlamentaria, al tiempo que ha dado cuenta de las reuniones celebradas con las principales asociaciones que defienden los derechos del colectivo para avanzar, precisamente, en la creación de un grupo de trabajo que dé el impulso definitivo a la creación de este consejo. Este organismo será el encargado del desarrollo de los reglamentos de las leyes LGTBI y Trans.

El consejero ha puesto en valor la disposición de las asociaciones para trabajar de manera conjunta y poner en marcha todos los protocolos que ambas normas establecen. Asimismo, ha destacado los pasos adelante que se han dado desde el Gobierno regional para erradicar cualquier tipo de discriminación por orientación sexual o identidad de género. En este sentido, Reyero ha recordado el firme compromiso de la Comunidad de Madrid para erradicar y combatir comportamientos LGTBIfóbicos, como ha demostrado al imponer la primera sanción por infracción muy grave desde la entrada en vigor de la Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad en la región.

El consejero ha garantizado que la labor del Ejecutivo madrileño es proteger la diversidad, la libertad y los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, independientemente de cómo piensen, cómo sientan o cómo sean.